Crónica de la condena a esfuerzos por eliminar el racismo en Guatemala

Por Sergio Del Águila. La iniciativa que otorga reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR)  ha permanecido engavetada por 17 años y no existe por ahora señal alguna de que por fin pase a tercera lectura y luego sea aprobada por el Pleno de diputados del Congreso de la República.

Durante una reunión de jefes de Bloque, el diputado de URNG, Walter Félix, propuso a los 13 partidos políticos allí representados incluir en la agenda de este 8 de agosto esta iniciativa y así reconocer el esfuerzo que ha significado institucionalizar, con contenido, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este 9 de agosto.

Sin embargo y pese a floridos discursos que ofrecen algunos diputados, 7 de los 13 partidos decidieron una vez más darle la espalda a los Pueblos Indígenas, pero por sobre todo, evitar que Guatemala siga siendo señalada en la Organización de Naciones Unidas como una de los países más atrasados que se niega a reconocer la competencia de la convención interamericana sobre la eliminación del racismo.

El diputado Walter Félix, apoyado por los partidos políticos de izquierda y de centro, lamentó la demagogia de las fuerzas dominantes en el Organismo Legislativo que se oponen a toda costa, a reconocer los mecanismos para la prevalencia de los derechos de los pueblos originarios.

Los antecedentes

Como está registrado, con fecha 6 de enero de 1984 fue publicado en el Diario de Centroamérica el decreto 105-82, con el cual fue ratificada la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, regulada en el artículo 14 de la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,

El 16 de junio de 2002, el Pleno del Congreso conoció  el contenido de la iniciativa de ley 2699, la cual fue enviada por el Organismo Ejecutivo y con la que se pretendía aprobar el reconocimiento por parte del Estado de las competencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y designar a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo como el órgano competente para recibir y examinar peticiones de personas o grupos que pretendan o alegaren ser víctimas de violaciones de sus derechos.

Luego el 6 de mayo de 2004, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso emitió un dictamen favorable a la iniciativa y fue enviado a la Dirección Legislativa a fin de que siguiera su curso.

El 20 de mayo de 2004 fue aprobado en primer debate por el Pleno del Congreso; el 12 de agosto de 2008 pasó en segundo debate, y desde esa fecha se han hecho una serie de esfuerzos para que se incluya en agenda y lo apruebe en tercer debate por artículos y redacción final, lamentablemente, las fuerzas retrógradas ha impuesto su decisión.

A lo largo de los años la iniciativa ha obtenido los dictámenes favorables del Colegio de Abogados, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

Su aprobación permitiría que el Estado de Guatemala pueda salir del capítulo IV sección B del informe sobre la situación de los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del año 2016, la cual identifica al país como un Estado violador de los Derechos Humanos.

Aprobado el decreto, podrá ser presentado como un avance ante los organismos internacionales de Derechos Humanos como una acción del Estado, en el marco del décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas y la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Guatemala se convertiría en el 59 país que reconoce las competencias del Comité CERD, de los 58 que ya la han reconocido 13 países son de América Latina, además de que evitaría permanentes confrontaciones entre los pueblos que claman por sus derechos y el Estado que defiende la institucionalidad neoliberal.

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