El Ejército de Guatemala como empresario de seguridad privada

Héctor Alfredo Nuila Ericastilla*. A finales de la primera quincena de mayo pasado circuló la noticia en diferentes medios de prensa de que el ministro de la Defensa Nacional, Wilians Mansilla, había anunciado en el Congreso la intencionalidad de la creación de una estructura especializada dentro del Ejército de Guatemala que “prestará servicios de seguridad privada”.

Dijo que para el efecto el Ejército está en la etapa de sondeos sobre la iniciativa. Sin embargo algunos exoficiales del en situación de retiro y que ahora son diputados en el Congreso según las noticias mostraron su “interés, anuencia, complacencia y el respaldo correspondiente”, la situación contrasta con lo expuesto por Mansilla quien fue enfático en el sentido de que ese proyecto está en sus inicios.

Sobre esa base y sustentados en los antecedentes históricos que sobre esta materia existen y que algunos aún actúan en Guatemala, así como las características económicas, políticas y sociales a partir de la firma de la Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996, y sobre todo el contenido de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz aprobada en  2005 por el Congreso  en donde señala que dichos acuerdos son compromisos de Estado, los cuales señalan de manera muy contundente que la función del Estado es pública y por lo tanto no puede ser lucrativa. Basados en este contexto surge la iniciativa de presentar para el debate las ideas, inquietudes y posiciones al respecto.

Antecedentes

En la década de los años sesenta del siglo pasado el gobierno de Guatemala crea a la Policía Militar Ambulante (PMA) dentro de la estructura orgánica del Ejército para “vender servicios de seguridad privada” principalmente a lo que en  se conoce como “iniciativa privada”, o sea al empresariado que se ha desempeñado dentro del sector financiero incluyendo a las instalaciones de los bancos del sistema, finqueros y sus fincas, comerciantes y sus negocios y a los vinculados a las actividades industriales y sus instalaciones. Institucionalmente la PMA dependía del Ejército, o sea que toda la estructura orgánica se encontraba dentro de la administración pública bajo la jurisdicción del Estado Mayor de la Defensa Nacional el cual a su vez está ubicado dentro de la institucionalidad de esa dependencia, sin embargo en la acción concreta del servicio de seguridad, dependían jerargicamente del empresariado que los contrataba. Esta situación determinó que el Mindef estuviera bajo dos líneas de mando una pública (el Ejército) y otra privada (el contratista o sea quien pagaba por sus servicios).

La PMA en la práctica se convirtió en un “aparato represivo público y privado”, para el efecto sus integrantes: mandos superiores, intermedios, subalternos y elementos de tropa se utilizaron para el amedrentamiento, control, persecución, sometimiento a castigos, hasta llegar a las ejecuciones extrajudiciales en contra del campesinado a nivel rural, y a nivel urbano en contra de la ciudadanía citadina, el movimiento sindical y popular, así como en sus intervenciones en las acciones directas de tipo represivo en contra de la población civil no combatiente que el Ejército o sus patrones les ordenaran.

Sobre la base de lo señalado en la actual iniciativa, proyecto o propuesta del ministro Mansilla provoca la siguiente pregunta ¿Cómo garantizan que la nueva estructura de seguridad privada del Ejército de Guatemala no llegue a tomar el camino de la PMA?.

Disolución de la Policía Militar Ambulante

La disolución de la PMA forma parte de los Acuerdos de Paz. El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática en el párrafo 62 señala que “Las partes convienen la disolución de la Policía Militar Ambulante en el término de un año a partir de la firma de la Paz Firme y Duradera, cuando concluirá la desmovilización de sus efectivos”.

Por su parte el Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, en el párrafo 133 se refiera a la disolución y desmovilización de la PMA.

En ese sentido hay que señalar que el Alto Mando del Ejército honró los compromisos mencionados. Para el efecto ante el hecho de que esa estructura se declaró en rebeldía y se resistía a su disolución y desmovilización, bajo el mando directo del ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional una fuerza militar sitió las instalaciones de la PMA y la redujo, por lo tanto la disolución y desmovilización de la PMA se concretó, hecho que sancionó los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz. Sobre lo planteado y de cara a la historia, pero sobre todo ante la actual iniciativa que impulsa el Mindef caben algunas reflexiones como “hasta donde llegaban en ese momento los grados de poder acumulados y los intereses y privilegios que gozaban y ostentaban los integrantes de la PMA”.

Riesgos implícitos en la iniciativa actual

La iniciativa en referencia debe ser sometida a un análisis de riesgos institucionales en el seno del Estado y sobre todo dentro del Ejército en cuanto a la creación de un foco más de corrupción principalmente en el seno del cuerpo castrense, máxime que a estas alturas no se han desvanecido las diferentes situaciones ante el desfalco al Instituto de Previsión Militar (IPM) y otros hechos similares. Además existe el hecho sobre la violación del mandato constitucional que tiene el Ejército, el cual se refiere las funciones de seguridad interna para la defensa de los riesgos potenciales que pueda correr la nación y el Estado en situaciones particulares. En ese sentido hay que tener presente que el Ejército es una institución del Estado, por lo tanto cumple una función pública, hecho que de por sí solo le impide prestar servicios privados en materia de seguridad interna. En términos comerciales dentro del modelo económico vigente, el Ejército corre el riesgo de iniciar un proceso de competencia desleal con las agencias de seguridad privada legalmente constituidas. Por último valdría la pena señalar que en materia fiscal y tributaria la empresa de seguridad privada del Ejército dado el carácter lucrativo implícito a su naturaleza, y como producto de la venta de servicios tendría que tributarle al Estado, en ese sentido cabe otra pregunta ¿Deben tributar las instituciones del Estado  en casos como el que nos ocupa?

Los riesgos descritos son reales. Sin embargo dadas las condiciones económicas políticas y sociales  a partir de la transnacionalización de la economía y la penetración y beligerancia de la narcoactividad y el crimen organizado, tanto en el seno del Estado o sea lo público como en lo privado, crean las condiciones para la generación de riesgos potenciales, los cuales cuando sus componentes se implementan y se ejecutan se convierten en hechos reales principalmente en materia represiva y de corrupción.

Sobre esa base al menos desde al año 2006, durante gobierno de Oscar Berger, con el caso de la finca Nueva Linda en Champerico Retalhuleu se abre el capítulo de la Alianza Público Privada en Materia Represiva en tiempos de Paz, hecho que en gobiernos posteriores (Álvaro Colom 2008-2012) pasa a ser una rutina en la ejecución de los desalojos ilegítimos e ilícitos de campesinos que ocupaban tierras cuya propiedad  aun no la han demostrado los finqueros y-o patronos como el caso de  la expulsión de los habitantes de la comunidad las Nubes en el Estor Izabal en agosto del 2009, sumándose los desalojos y desplazamientos de familias campesinas en  Petén en los años 2009, 2010 y 2011, quienes se vieron forzados a refugiarse en Tenosique México, el desalojo ejecutado principalmente por la seguridad del empresariado del ingenio Chabil Utz Aj en Panzós, Izabal en marzo del 2011 contando para el efecto con la protección del Ejército y la Policía Nacional Civil.

Cobran relevancia los hechos represivos ejecutados con las mismas características durante el gobierno de Otto Pérez Molina en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Santa Rosa, Jalapa y Guatemala para citar algunas. Estos hechos está demostrado que fueron ejecutados por fuerzas combinadas integradas por el Ejército, Policía Nacional Civil y los aparatos de seguridad privada de las empresas de exploración y explotación mineras, las hidroeléctricas, las de transporte y distribución de energía eléctrica, así como las agrícolas para la producción de Palma Africana.

Se puede afirmar que si existe el riesgo real de que la empresa privada de seguridad del Ejército, dentro de su desempeño ejecute acciones de inteligencia militar y empresarial, y sobre todo acciones de control y represión poblacional en los ámbitos urbanos y rurales.

En este gobierno de Jimmy Morales los responsables de los diálogos nacionales parcializan y manejan a su antojo las mesas de diálogo para la solución de conflictos, especialmente en aquellos que están focalizados en el noroccidente del país y otros vinculados a la problemática alrededor de las tierras propiedad de los campesinos que fueron abandonadas a partir de la persecución represiva impuesta por el Ejército, principalmente a partir de la política de tierra arrasada establecida durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. Estas tierras, según la prensa escrita, el Gobierno de Jimmy Morales las ha expropiado, o sea en la concreta ha despojado de sus tierras a sus legítimos dueños. Con estos hechos la situación de conflictividad en el país se acentúa, y entonces cabe hacerse otra pregunta ¿La iniciativa de la seguridad privada por parte del Ejército es casual, o bien está premeditada para que la misma ante la conflictividad juegue un papel similar al que en su momento jugó la PMA?.

Reflexión final

No cabe duda que lo que se expresa en estas líneas es producto de las primeras reacciones ante la iniciativa que las motivó, situación que cae de su peso que está en una fase embrionaria, por lo que la misma tiene que cubrir un proceso propio para ser realidad. Sin embargo como sucede en Guatemala muchas iniciativas similares cuando se presentan como una posibilidad inocua, en la práctica política ya son un hecho consumado y su imposición acelerada y compulsiva es parte de la práctica rutinaria, en donde las consecuencias negativas las paga el pueblo y los resultados no publicitados en materia de protección a las clases dominantes los gozan plenamente los grupos de poder económicos y políticos del país.

*Dirigente histórico de URNG

 

 

Guatemala 21 de Mayo de 2017.

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