Otra tragedia nacional

 Héctor Alfredo Nuila Ericastilla*. La tragedia ocurrida el pasado 8 de marzo lamentablemente es de las que se repiten constantemente en nuestra historia ya sea que su origen sea intencional como producto de las políticas represivas y criminales en contra del pueblo de Guatemala.

Estas tragedias históricamente han sido concebidas, diseñadas y ejecutadas por el Estado monoclasista, etnocéntrico y patriarcal como el incendio del Hospital Neuropsiquiátrico ejecutado a inicios de los años sesenta del siglo pasado por el gobierno del general Miguel Idígoras Fuentes para culpar de este hecho al Frente Unido del Magisterio Nacional (FUMN) y así criminalizar las luchas reivindicativas que enarbolaban las banderas del descongelamiento de la Ley de Dignificación y Escalafón del Magisterio Nacional, o bien las acciones criminales que se desprenden del incumplimiento de deberes en donde no se descartan el encubrimiento de delitos como la trata de personas en donde se encuentran involucradas varias personas que ocupan cargos de alta responsabilidad en la conducción de las instituciones principalmente dentro del organismo ejecutivo, o sea el gobierno central.

La multicausalidad de la tragedia nacional que nos envuelve en términos históricos tiene su origen en el carácter racista y clasista que sustentan ideológicamente a la clase dominante, o sea a las clase económicamente poderosa nacional (oligarquía criolla) y las transnacionales, las cuales son las responsables de la situación de pobreza y pobreza extrema que envuelve y aplasta a la inmensa mayoría de la población guatemalteca constituida por los pueblos, maya, xinca, garífuna y ladino, situación que ha obligado algunas personas a delinquir para buscar su sobrevivencia, hecho que a su vez se reproduce y envuelve de manera despiadada a la niñez y a la adolescencia, así como a la población joven de extracción popular, la cual en Guatemala solo tiene como perspectiva inmediata de  subsistencia al hecho de correr los riesgos implícitos en la migración externa principalmente a Estados Unidos  y-o también correr los riesgos de su integración a la delincuencia para su sobrevivencia como ya se ha señalado.

Lo señalado en el párrafo anterior determina a su vez el desarrollo y reproducción de uno de los procesos de descomposición ética y social más profundos que se han vivido en Guatemala a partir de 1524 y que en la actualidad envuelve no solo a la sociedad guatemalteca en su conjunto, sino además arrastra al Estado el cual se convierte en el Estado negligente e irresponsable, reproductor cómplice, indolente y despreciativo por la situación en que vive la inmensa mayoría de la población y sobre la cual a partir de su naturaleza clasista y racista así como por su tradición represiva se ensaña contra del pueblo cuando este clama y exige por sus derechos, o bien por omisión al no cumplir con sus deberes constitucionales en cuanto a ser el rector del bien común y el garante de la vida digna desde antes de la concepción.

Esta situación a su vez determina hechos como el que de manera simultánea a los acontecimientos que nos ocupan, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República dedique su tiempo a encontrar la forma para la aprobación e imposición de los privilegios tributarios y fiscales a los ganaderos y los cafetaleros. Se suma a esta actitud ante la ciudadanía la ausencia de una vocación de servicio dentro de la mayoría de la burocracia ubicada en el seno de los poderes estatales a partir de los niveles presidenciales. Esta situación tiene como factor manipulador a la corrupción como una de las formas del ejercicio del poder, en favor de la clase dominante dando lugar a que el servicio a la población sea inexistente, se suma el afán de apropiación ilícita de los bienes del Estado (los salarios devengados a pesar del incumplimiento del deber) sea una constante, hecho que los lleva a ver a a la población en general como una amenaza y por lo tanto el incumplimiento de sus deberes al servicio de esa población no solo los vuelven una constante, sino además se han convertido en una de las motivaciones constantes en la ausencia total de atención ciudadana en las diferentes formas del ejercicio público en el seno de la institucionalidad del Estado.

Las declaraciones de las adolescentes que sobreviven a la tragedia y sus familiares, así como la de los familiares de quienes murieron (ya llega a las cuarenta defunciones), y las de familiares esperan el milagro de la recuperación de quienes aún están bajo tratamiento médico son más que elocuentes, las cuales no deben quedar en el vacío, y peor aún no deben servir como insumos de manejo y manipulación mediática inhumana y demagógica sustentados en la doble moral y el fariseísmo que alimenta su actitud profesional a través del uso y abuso de la desinformación que se aplica cotidianamente en los medios televisivos y radiales, la prensa escrita y los editorialistas, comentaristas y columnistas ubicados en la extrema derecha, los cuales la semana previa al desastre que se vive al unísono respaldaban y creaban condiciones políticas para que la ciudadanía clamara por la aplicación de la pena de muerte y la aplicación irracional de la “del peso de la ley en contra de menores de edad”, hoy para no quedar fuera de la jugada se desgarran las vestiduras y sobre la base del lagrimeo hipócrita y manipulador se conmueven falsamente a partir de los espacios y recursos que tienen a su alcance.

Sobre esa base el Ministerio Público y el Organismo Judicial dentro de las competencias de cada quien deben actuar de oficio en el estudio, análisis y acción a partir de las declaraciones vertidas ante los medios de prensa por algunas víctimas sobrevivientes y tomarlas como denuncias, las cuales se centran en que muchas de ellas fueron llevadas por autoridades del centro de protección Virgen de la Asunción a centro de prostitución como objetos de uso dentro del sucio negocio de la trata de personas. En ese sentido la institucionalidad del Estado debe actuar tomando en cuenta que según la legislación vigente las las denuncias que presentan las víctimas menores de edad de cualquier hecho en su contra para su trámite no necesitan de testigos, por lo tanto deben ser atendidas de inmediato para darles el tratamiento que les corresponde.

Ante esta situación es necesario insistir que la realidad de deterioro integral que hoy hace crisis del centro en referencia fue denunciada por algunas instituciones estatales, de la sociedad civil y la comunidad internacional al menos desde el año 2010.

La Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República en el año 2016 en cumplimiento con sus funciones de fiscalización, de manera conjunta y coordinada con la Directora del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño visitó y evaluó al Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”. Los resultados de esta acción conjunta fueron presentados de manera especial en el Congreso los cuales en su contenido adelantaban el deterioro institucional de ese centro, lamentablemente el silencio e invisibilización del hecho a nivel mediático fue absoluto, situación que se repite con la indiferencia del Gobierno central y el Ministerio Público.

Sobre esa base, principalmente las expresiones organizadas sociales y populares que sustentan sus luchas basados en principios y objetivos emancipadores, más otras expresiones de la sociedad que aún tienen conciencia ciudadana, amor al prójimo y sentido nacional con contenido humano deben redoblar los esfuerzos, que de manera urgente se necesitan para buscar la unidad de acción para la transformación del Estado como una necesidad histórica.

  • Dirigente de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

 

Guatemala 11 de Marzo de 2017.

 

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