Más privilegios para los exportadores agropecuarios

Dr. Héctor Alfredo Nuila Ericastilla*El presente documento se elabora para contribuir al debate sobre la iniciativa de ley 5182 aunque la misma temporalmente está estancada en Congreso de la República. Sin embargo la misma con algunas modificaciones al ser aprobada por el Congreso de la República generaría el fortalecimiento de los privilegios fiscales y tributarios de los grupos oligárquicos aglutinados en lo que se conoce como a los “sectores exportadores agropecuarios”, quienes a su vez están integrados a la Cámara del Agro, por lo tanto automáticamente son miembros plenos del CACIF.

Sobre esa base se incluyen aspectos como la complicidad del gobierno del presidente Jimmy Morales con este tipo de iniciativas, pues en los trece meses que lleva de gobierno este gobierno y esta legislatura se han empleado a fondo para que con iniciativas similares salgan protegidos plenamente los empresarios que se dedican a las industrias maquileras en perjuicio de los intereses nacionales y dentro de estos el de las y los trabajadores de esas industrias al disminuirles de manera significativa sus derechos que como trabajadores tienen a partir de las leyes laborales del país, también este gobierno ha impulsado una serie de iniciativas promovidas a través del CACIF en donde también fortalecen y profundizan sus intereses y privilegios, por ejemplo la aprobación del Convenio 175 de la OIT y en estos días los intentos de aprobación de la iniciativa 5182, la cual se frustró temporalmente por la generación de discrepancias políticas en el seno del gabinete de gobierno y otras dependencias del Estado como el MINFIN y la SAT por el carácter nefasto a los intereses del Estado y a la nación que ésta iniciativa por su naturaleza y efectos tiene.

El debate que se debe desarrollar sobre este tema debe ser integral, sobre esa base se hace el esfuerzo de refrescar la memoria histórica sobre la forma de como las clases dominantes nacionales y transnacionales han acumulado los capitales que poseen, sobre la base de la acumulación de capital que constante y permanente históricamente les ha facilitado el Estado monoclasista, etnocéntrico y patriarcal, y sobre todo los efectos que estos hechos tienen en la situación económica, social y política que ha tenido el país al menos de 1871 a la fecha, la cual hoy se expresa en el atraso, la situación de pobreza y pobreza extrema en que vive la gran mayoría de la población y su consecuencia lógica y natural, visible y actuante como se da en la situación nutricional que vive la “primera infancia” en donde alrededor del 80% de la misma la padece.

En ese sentido, se hace necesario recordar y reflexionar que las formas de acumulación de capital históricamente determinadas han aplicado para apropiarse privadamente del país, su tierra, su territorio, su población, sus bienes naturales, aplicando para el efecto la represión contra el pueblo, la demagogia y la manipulación como las políticas de gobierno aplicadas a lo largo de la historia.

La acumulación del capital

La acumulación de capital en Guatemala tiene origen y sustento estructural, a manera de ilustración se identifican algunos componentes de esa realidad.

  1. Las raíces de la situación.

Diferentes historiadores, políticos consecuentes, intelectuales orgánicos a los intereses populares y los de la nación, así como todas y todos los que han denunciado por diversas formas la realidad guatemalteca coinciden que en las formas de acumulación de capital que las clases dominantes guatemaltecas y extranjeras han aplicado en el país se centran en el despojo, la apropiación privada y usufructo ilícito de la tierra y el territorio, la sobre explotación del pueblo sustentados en los mecanismos de impunidad que les brinda el capitalismo como tal y sobre todo el sistema de discriminación racista que les permite hacerse también privadamente de los derechos e intereses que les corresponden a los pueblos indígenas principalmente.

En estos momentos existe la evidencia real de que la mayor parte de los terratenientes no cuentan con la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra que usurpan, pues en estos tiempos del Registro de Identificación Catastral RIC no ha terminado los trabajos correspondientes para establecer sobre bases sólidas la propiedad de esas tierras, sin embargo los finqueros de manera cotidiana a partir del usufructo de la institucionalidad del Estado y sustentados en la corrupción existente, así como en el tráfico de influencias, de manera permanente ejecutan desalojos injustos, ilegales y represivos de comunidades campesinas que históricamente tanto la tierra y el territorio les corresponde por lo tanto han vivido en esas regiones desde antes de la invasión española de 1524.

Los finqueros de la iniciativa

Los impulsores de la iniciativa de privilegios fiscales y tributarios a los exportadores agropecuarios la montan para aprovechar al máximo sus ganancias ante la apertura de los mercados europeos, estos son los mismos que en todo el país o sea en los cuatro puntos cardinales, desvían y contaminan ríos para uso exclusivo de sus negocios para el efecto hay que “recordar la marcha del agua el año pasado”, además contaminan de manera inmisericorde el medio ambiente en general y los ríos en particular provocando “ecocidios” protegidos por la impunidad existente en el sistema de justicia del Estado , la contaminación mencionada se da entre otras a partir del manejo irresponsable y criminal de los desechos provenientes de los ingenios azucareros, el cultivo de la palma africana y otros. En ese sentido hay que destacar que ni el Ministerio de Salud Pública ni el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social han investigado la relación directa entre el consumo de agua contaminada con esos residuos y los daños en la salud de los trabajadores y la población en general, como por ejemplo las “enfermedades renales en sus fases aguda y crónica”, al respecto se espera que el MSP y AS tenga alguna información sobre este tema en las Salas Situacionales de Vigilancia Epidemiológica.

Incumplimiento impune de las leyes laborales

 El rechazo e incumplimiento constante y permanente al “salario mínimo” establecido para la clase trabajadora constituye una de las formas principales del enriquecimiento ilícito que la clase patronal ha aplicado durante siglos como uno de los mecanismos de acumulación del capital que poseen, así como el no pago de las prestaciones laborales establecidas en la legislación vigente. Esto en esencia universalmente se identifica como la “la explotación del hombre por el hombre” hecho que en Guatemala tiene raíces coloniales, sustentados en las formas y pautas de conducta establecidas en el capitalismo y reforzadas por el elemento ideológico principal para sobre explotar como lo es el racismo han puesto en práctica la reproducción, profundización y perfeccionamiento de la sobre explotación del pueblo en general.

Privilegios fiscales y tributarios

Los privilegios fiscales y tributarios a favor de las clases dominantes han sido una constante desde 1821, los cuales han sido reforzados y perfeccionados a partir de la revolución liberal de 1871 en donde aparecen los privilegios a los productores y exportadores de café sobre la base de los subsidios que el Estado les otorgó como “estímulo” para la producción y comercialización de este producto tanto en el mercado nacional y principalmente en el mercado internacional. Este subsidio aún se mantiene con las formas, dinámicas y volúmenes monetarios del caso.

También la oligarquía criolla y las corporaciones empresariales transnacionales han gozado de otros privilegios en materia fiscal y tributaria sobre la base de las exenciones que el Estado a lo largo del tiempo les ha concedido, la tradición de evasión fiscal, así como defraudación fiscal y tributaria en contra del Estado constituyen en su conjunto otra de las grandes formas de acumulación de capital, en ese sentido cabe destacar los procesos judiciales existentes a iniciativa de la SAT en contra de empresarios defraudadores del fisco.

Como consecuencia lógica de lo señalado el Estado guatemalteco es débil en el orden económico. Actualmente este Estado no capta ni el 10 % del PIB (hay que recordar que en los acuerdos de paz está establecido que para el año 2000 el sistema tributario debería aportarle como mínimo el 12% del PIB, para que hoy en día, o sea veinte años después mediante la progresividad de los impuestos directos a las “ganancias netas”, a estas alturas el Estado podría garantizar su autosuficiencia y su sostenibilidad). Sin embargo la SAT desde su existencia escasamente en muy pocas oportunidades ha podido llegar a la meta de recaudación fiscal por todo lo señalado en los párrafos previos.

Esta situación ha obligado a que el déficit fiscal se cubra por necesidad sobre la base del endeudamiento interno y-o el externo. De acuerdo a los intereses de las clases dominantes que detentan el poder económico, las cuales están expresadas en el seno del CACIF el Estado guatemalteco se ha endeudado principalmente a expensas de la “deuda interna”, la cual se negocia a través de los “bonos del tesoro” los que a su vez son negociados con el sistema de bancos privados existentes en el país, así como con otros grupos de poder económicos ubicados en las diferentes cámaras de capitalistas nacionales y transnacionales que integran al CACIF. Esta forma de endeudamiento resulta más onerosa que la deuda externa (la contraída con la banca internacional) pues por los bonos del tesoro el Estado para pagar a los prestamistas internos de la deuda interna contraída con todo y los intereses contratados, gasta alrededor de 10 veces más (el cálculo puede ser conservador) en concepto de amortizaciones e intereses.

Impunidad plena para disponer de las dinámicas económicas del mercado interno y externo

El dominio y control del mercado interno y externo lo tienen las clases dominantes, el Estado interviene para avalar la preeminencia de los intereses y privilegios de ésta clase creando las condiciones para la especulación arbitraria e injusta de los precios en el mercado interno principalmente, el cual en última instancia sirve para compensar lo que dejan de ganar al vender barato en el mercado externo, o sea que la población guatemalteca les paga y con esto les cubre el déficit en sus ganancias producido al vender en el exterior sus productos de exportación con precios baratos, o sea que lo que el país produce es más caro que en el extranjero pues el modelo productivo en general no es competitivo. Sobre este hecho se destacan los precios de carne de res y sus derivados, los productos lácteos, los productos avícolas y otros que logran incorporar al mercado externo. La impunidad la otorgan con el visto bueno del Presidente de la República y el Consejo de Ministros bajo la tutela del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Economía principalmente.

Esta situación además del empobrecimiento del país lo que genera es la “inexistencia de la seguridad alimentaria y nutricional”, por lo tanto mientras existan estos privilegios y sobre todo el régimen sustentado en la “injusticia social” la “desnutrición que padece la primera infancia, la mujer embarazada y las madres lactantes, así como las secuelas que marcan el presente y el futuro al resto de la niñez guatemalteca, va a continuar aumentando integralmente la magnitud del daño existente”.

Empobrecimiento del Estado

En los párrafos previos se describen someramente los efectos que en la finanzas públicas causan los privilegios fiscales y tributarios que el Estado les otorga a las clases dominantes. Esta situación merece un poco de reflexión adicional pues la precariedad tributaria imposibilita al Estado a cumplir con sus deberes constitucionales en cuanto a garantizar la vida digna, el bien común y todos los servicios básicos que el desarrollo del país o sea el “buen vivir exigen”. A esta situación hay que sumarle la corrupción pública y privada que en Guatemala tiene raíces estructurales y que históricamente se ha constituido como una delas formas para el ejercicio del poder a favor de las clases dominantes y otros grupos de poder.

En ese sentido hay que resaltar que con estas condiciones (la SAT y el MINFIN) establecieron que los privilegios fiscales solicitados por los finqueros en referencia ocasionaban de entrada un déficit en la recaudación de Q. 1,200,000.00, o sea que los cálculos conservadores publicados dada su magnitud erosionaban de manera significativa los ingresos del Estado que podrían en algún momento cubrir contingencias y-o necesidades en materia educativa, de salud, vivienda digna, seguridad ciudadana y tantas necesidades que apremian al país, situación que dada la precariedad de las finanzas públicas de momento esto lo imposibilita a cumplirle a la población, salvo que se compense el déficit con el incremento de la deuda interna o bien la externa.

Contradicciones en el seno del Estado

 La iniciativa en referencia ha generado contradicciones en el seno del Estado principalmente, las cuales son de tal alcance que los medios de prensa no han podido esconder. Estas contradicciones han llegado a tal extremo que han obligado al Presidente Jimmy Morales a esconderse y protegerse (una especie de enquistamiento político) de manera irresponsable en el silencio evasivo como acostumbra de manera cotidiana cuando existen problemas de Estado que le exigen una definición y una posición política clara y contundente. Es de señalar que el gobierno ha adoptado las conductas evasivas y manipuladoras de gobiernos anteriores como lo son la creación de “mesas técnicas” las cuales cuando se crean para abordar temas de interés para las clases dominantes siempre resuelven a favor de estos.

Lo señalado en el párrafo previo en ésta oportunidad tuvo su propia dinámica en el sentido de que el MINFIN y la SAT en ese espacio plantearon la lesividad de la iniciativa y sus efectos negativos los cuales a todas luces disminuirían de manera significativa los ingresos del Estado con el consecutivo debilitamiento financiero para el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Sin embargo el Ministro del MAGA aun antes de que la mesa técnica se creara fijó su posición de pleno respaldo a la iniciativa, demostrando en esos momentos la irresponsabilidad que tiene al ejercer el cargo que sustenta, pues ni siquiera se tomó el tiempo para estudiar las repercusiones negativas que de manera directa tiene esta iniciativa sobre la “seguridad alimentaria” como ya fue descrito en los párrafos iniciales. En ese sentido se hace necesario señalar que el MAGA es la institución del Estado responsable de garantizar la seguridad alimentaria, por eso se llama “ministerio de agricultura, ganadería y alimentación”. La actitud y la posición política del ministro solo se explica a que él tiene “conflicto de intereses”, hecho real que puede aplicarse al Ministro de Economía quien no ha negado no solo su anuencia a la misma sino además ha aceptado según medios de prensa su asesoría a los grupos empresariales interesados en esta iniciativa. Ante esta situación el Presidente Jimmy Morales los debió haber removido de la mesa mencionada por carecer de idoneidad y de autoridad moral para el ejercicio de las funciones encomendadas.

De igual manera en el Congreso de la República hay diputados que tienen “conflicto de intereses” ante este tema, pues éstos al ser también ganaderos son parte del empresariado que promueve la iniciativa. Esta situación fue destacada en un medio de prensa televisivo a partir de una entrevista directa al diputado ponente

Impunidad para presionar

El empresariado promotor e impulsor desde el inicio hizo uso con toda impunidad de la violencia empresarial, y a través de una “demostración de poder, pero no de fuerza con sustento popular” consiguió que en el Congreso de la República se justificara el hecho de acelerar el proceso legislativo y con esto que la iniciativa fuera aprobada en primera lectura. Resulta interesante señalar el silencio del CACIF y las cámaras empresariales que lo integran ante el bloqueo del tránsito a nivel nacional, éste silencio se expresó también en el hecho de que al menos en los medios de prensa no se conoció ninguna acción legal de parte de las cúpulas empresariales ante la “violación del derecho a la libre locomoción”, esta situación contrasta plenamente con las reacciones y acciones de las mismas cúpulas ante las movilizaciones populares que exigen el respeto y solución a sus demandas y sus reivindicaciones, y sobre todo cuando las mismas se dan como protesta ante los abusos de poder del empresariado en contra de los intereses populares de toda la nación guatemalteca.

*Dirigente de URNG

Guatemala 15 de febrero de 2017.

 

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