Hay que ponerle atención a las polleras y al Cacif

Dr. Héctor Alfredo Nuila Ericastilla*. Durante la semana comprendida entre el 16 y el 20 de enero pasados se concretaron algunos hechos en favor de las clases dominantes, los cuales sin duda alguna tendrán de manera directa efectos negativos en contra de los intereses y derechos de la población en general.

Estos hechos se centran en la posición del Ministerio de Economía del gobierno que preside el presidente Jimmy Morales, la cual se centra en el proteccionismo descarado al empresariado nacional que se dedica a la producción y comercialización de los productos avícolas, hecho que les proporcionará mayor impunidad para la especulación de los precios de los productos como el pollo y los huevos.

El otro hecho se centra en la imposición del Convenio 175 de la OIT el cual precariza el trabajo, cercena los derechos de la clase trabajadora del campo y las ciudades en cuanto a la introducción de vulnerabilidades a la estabilidad y prestaciones laborales, así como a las garantías y derechos laborales implícitos en el derecho humano al trabajo digno.

Este hecho lamentablemente tendrá casi en lo inmediato sus efectos adversos descritos, pero de manera simultánea le rendirá los beneficios inmedibles a la clase patronal principalmente a los vinculados a la industria maquilera y a otros componentes esenciales dentro de la actividad económica del país como el comercio, las finanzas y la producción agrícola.

La situación descrita se menciona como punto de referencia para evidenciar ante la ciudadanía situaciones que afectan negativamente a la salud y la nutrición de la población, así como vulneran las condiciones laborales para que la clase trabajadora en general no pueda gozar de una vida digna. Sobre esa base se presentan las siguientes observaciones.

En materia del alza inmisericorde de precios del pollo y huevos

En este punto lo que se pretende es destacar que en Guatemala la Desnutrición es producto directo del modelo económico existente desde 1871. “La explotación del hombre por el hombre”, a la cual se le suman entre otros, una serie de factores como la ausencia absoluta de la “seguridad alimentaria” la cual ha sido definida por Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá INCAP como “Un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente del acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan”. La definición que presenta la institución más especializada en materia nutricional que existe en Centro América y Panamá desde 1952, lo que indica es que en Guatemala ni el Estado ni la sociedad económica (sector privado) le dan la importancia y trascendencia al significado de la “seguridad alimentaria”, la cual en ningún momento se expresa y concreta en los programas clientelares y demagógicos que han impulsado los diferentes gobiernos desde los años 2009 hasta la fecha.

La seguridad alimentaria significa fundamentalmente la existencia en el mercado interno (o sea en todo el país) de la disponibilidad para el consumo humano de los alimentos de alto contenido de nutrientes y micronutrientes, los cuales garanticen la alimentación y nutrición adecuada desde la gestación, los primeros seis años de vida, la edad escolar, así como el mantenimiento de los equilibrios metabólicos y los requerimientos nutricionales de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, así como lo correspondiente a las personas adultas durante el resto de la vida.

Dentro de los alimentos de origen animal indispensables en la dieta cotidiana a partir del primer año de vida se encuentran entre otros el “el pollo y el huevo”. Esto significa que la seguridad alimentaria debe garantizar el acceso a los alimentos a partir del bajo costo de los mismos, o sea que si en algo el Estado como rector del bien común está obligado a garantizarle a la población en general entre otros es la estabilidad de precios de los alimentos para que ésta los pueda adquirir y consumir, lo que quiere decir que para el efecto se debe establecer la Política Nacional del Control de Precios de los Alimentos, la cual entre otros objetivos debe proponerse el control y sanción permanente de la especulación de los precios de los mismos.

Con el proteccionismo a los productores nacionales del pollo y huevos se sientan las bases para el abuso especulativo de los precios de los mismos (desde el inicio del gobierno de Otto Pérez se impuso en el país a un ritmo inmedible e inhumano el proceso del alza inmisericorde, consecutiva y permanente de los precios de los alimentos en general y en particular los de origen animal en donde se encuentran el pollo y los huevos) lo señalado habla por sí solo.

Ante esta realidad hay que recordar para tener presente que en Guatemala la DESNUTRICIÓN QUE SUFRE EL 80% DE LA POBLACIÓN neo-natal y el resto de la niñez durante los primeros seis años de vida es la causa fundamental de los indicadores de enfermedad y muerte en la niñez guatemalteca, así como también es el factor determinante de la presencia y reproducción de las secuelas irreversibles que deja en la niñez que sobre vive el insulto nutricional que la realidad económica política y social del país le impone, o sea la disminución significativa de sus potencialidades humanas para su crecimiento y desarrollo para el resto de la vida.

Sobre esa base el actual gobierno debe abandonar la línea de los proteccionismos a productores, grandes distribuidores y comerciantes, salvo que quiera seguir colocando a la niñez del país en alto riesgo de seguir siendo presa de la desnutrición pues al no desaparecer los factores que la determinan y condicionan (en donde se encuentran los precios de los alimentos) la desnutrición en Guatemala jamás podrá ser erradicada y sobre todo mantendrá las condiciones para la situación nutricional que afecta a la niñez se siga reproduciendo.

Sobre las imposiciones del Cacif

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresa su posición política sobre el contenido que para sus intereses y privilegios deben tener la reglamentación correspondiente al Acuerdo 169 de la OIT en materia de las consultas a los pueblos indígenas, según lo establecido en el acuerdo en referencia, señalando directamente la responsabilidad de su inexistencia al Estado, en ese sentido hay que recordar que existen varias propuestas de regulación del acuerdo presentadas por las organizaciones indígenas y otras expresiones organizadas del movimiento social y popular, las cuales han sido ignoradas a lo largo del tiempo por los diferentes gobiernos de Oscar Berger, Álvaro Colom, Otto Pérez y el actual, así como por las partes interesadas de la sociedad económica.

Dentro del manifiesto mencionado, se respalda la iniciativa política de homologación retroactiva que impulsa el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para resguardar los intereses y privilegios del empresariado nacional y transnacional principalmente en materia de las actividades extractivas, de generación, transporte y comercialización de la energía eléctrica, así como las que se desarrollan a partir de la ampliación de la frontera agrícola para la producción y exportación de materias primas para la fabricación de combustibles y biocombustibles y otras más, las cuales funcionan en Guatemala a pesar de las posiciones y protestas que los pueblos indígenas mantienen en contra de las mismas por ser estas contrarias a sus intereses y sus derechos de carácter histórico, económico y social. En ese sentido hay que destacar que desde hace tres gobiernos en todo el país, diversas expresiones organizadas de los pueblos indígenas dirigidas en su mayoría por sus propias autoridades, han realizado consultas alrededor de las imposiciones de las operaciones empresariales que se corresponden a las actividades económicas citadas.

Sobre esa base también hay que recordar que las mismas nunca tuvieron ni siquiera la delicadeza de los diferentes gobiernos de recepcionarlas oficialmente, ni mucho menos tomarlas en cuenta en cuanto a sus posiciones y demandas, por su parte el empresariado guatemalteco siempre se manifestó en contra de las mismas utilizando argumentos descalificadores y despreciativos. La única respuesta concreta que las iniciativas han recibido se centra en la represión estatal ejecutada por las fuerzas combinadas entre la fuerza pública (PNC y Ejército Nacional) con la plena participación de las fuerzas de seguridad privadas al servicio de patronos y empresarios utilizadas en diferentes oportunidades, para el efecto se mencionan los casos de Nueva Linda en Retalhuleu, la Compañía Guatemalteca de Niquel, en el Estor Izabal y otros hechos represivos en San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán para mencionar algunos.

Las consultas y otros hechos ocurridos a lo largo del tiempo cuentan con la legitimidad implícita en lo que mundialmente se reconoce como la “soberanía popular” o sea “el derecho natural que los pueblos del mundo tienen para decidir sobre su propio destino”, o sea a tomar decisiones políticas y sociales sobre todo aquello que les afecte y atente al “buen vivir”. El hecho de que las autoridades formales del Estado monoclasista, etnocéntrico y patriarcal hayan hecho caso omiso de lo sucedido, deslegitima al MEM como cómplice institucional que se ha empleado a fondo, favoreciendo el atropello a los derechos de la población. En estos momentos todo parece indicar que están a punto de presentar una política de borrón y cuenta nueva a las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el seno de la nación guatemalteca,

Sobre esa base, con el sustento que tiene la soberanía histórica de los pueblos indígenas es urgente que el gobierno del presidente Jimmy Morales reconozca la reglamentación para la aplicación del Convenio 169 de la OIT que presenten las autoridades indígenas como representantes legítimos y cuyo contenido debe garantizar que el marco regulatorio sobre la aplicación del Convenio 169 principalmente en materia de las consultas contenidas en dicho convenio, este debe aprobarse según el contenido y sustento de su identidad, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres sus normas jurídicas (Derecho Indígena) desarrolladas por los pueblos a lo largo de su propio desarrollo histórico.

Finalmente vale la pena señalar el hecho de que casualmente el empresariado remueve las aguas alrededor del Convenio 169 en la misma semana que el Congreso de la República impuso el Convenio 175 de la OIT, el cual hasta este momento ha generado el rechazo del movimiento sindical y otras expresiones sociales y populares.

Mientras no se demuestre lo contrario todo podría indicar que con ésta iniciativa pretenden crear un ambiente distractor a la diversidad de expresiones populares para así facilitar la imposición del Convenio 175 de la OIT. Sobre esa base casi de inmediato habría que esperar las intervenciones confrontativas a partir de las manipulaciones y provocaciones impulsadas a través de las intervenciones mediáticas y de las redes sociales manejadas por el empresariado.

*Dirigente de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

 

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