Dignificación de víctimas del conflicto armado es parte de la paz y reconciliación nacional

Declaración política del partido URNG con ocasión del 17 aniversario de la presentación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas, en el año del XX Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

El 25 de febrero de 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH- presentó el Informe “Guatemala, Memoria del Silencio”, cumpliendo con el acuerdo firmado el 17 de junio de 1994 por el Gobierno de Guatemala y la URNG.

La CEH, investigó y documentó con objetividad y rigor científico, las raíces históricas y causas profundas que originaron el conflicto armado; el papel y la responsabilidad de cada una de las partes en la guerra interna; el rol de los factores externos a las partes, así como las consecuencias de dicho conflicto.

El Informe concluyó que 93% de las violaciones de los derechos humanos fueron responsabilidad del Ejército de Guatemala y otras fuerzas de seguridad del Estado; que 3% de los hechos de violencia corresponden a las antiguas fuerzas insurgentes y que los restantes 4% podrían atribuírsele a otros grupos armados sin identificar (tales como cuerpos de seguridad privada de fincas, elementos civiles y otros funcionarios públicos). Se documentó también que 83% de las víctimas pertenecieron a pueblos mayas, mientras que 17% de las víctimas fueron mestizas. En el informe se documentaron 669 masacres, de las cuales sólo en el departamento de El Quiché se cometieron 344, en Huehuetenango 88 y en Alta Verapaz 61.

La CEH comprobó “que la violación sexual de las mujeres, durante su tortura o antes de ser asesinadas, fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona” y “que la mayoría de las víctimas de esas violaciones fueron mujeres mayas”, enfrentando las sobrevivientes graves dificultades por los traumas profundos derivados de esta agresión durante los años posteriores, tal como puede apreciarse, a raíz de los testimonios y peritajes presentados en los juicios de alto impacto que se desarrollan hoy en día.

La CEH concluyó que la reiteración de actos destructivos, dirigidos por el Ejército de Guatemala “de forma sistemática contra grupos de la población maya, entre los que se cuentan actos criminales contra menores de edad, no podían constituir un objetivo militar, poniendo de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a un determinado grupo étnico” y evidenciando que dichos actos fueron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a dichos grupos. Se señala también que además de las matanzas, “efectivos del Ejército o patrulleros cometieron sistemáticamente actos de extrema crueldad, incluyendo torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuyo efecto fue aterrorizar a la población y destruir los fundamentos de cohesión social entre sus miembros, en especial cuando se obligaba a que éstos presenciaran o ejecutaran dichos actos”. Sin dejar lugar a dudas, la CEH concluye que “agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”, de cuatro regiones geográficas específicas estudiadas por la Comisión.

Entre las principales recomendaciones del informe de 1999 dirigidas al Estado de Guatemala, tendientes al fortalecimiento del sistema de justicia, el resarcimiento integral de las víctimas, las garantías de no repetición de las atrocidades y el seguimiento a sus propias recomendaciones, la CEH señaló la necesidad de establecer mecanismos para la búsqueda de todas las víctimas de desaparición forzada; el reconocimiento del estatus jurídico de la ausencia por desaparición forzada; la creación del Programa Nacional de Resarcimiento; la práctica de una política activa de exhumaciones; reformas del sistema de justicia y la lucha contra la impunidad; reformas a la Ley Constitutiva del Ejército y de la legislación militar en coherencia con la primacía del poder civil y la función de las fuerzas armadas asignada por los Acuerdos de Paz; la promoción de una cultura de paz y de concordia nacional, que incluyera la investigación y el análisis del pasado, la erradicación del racismo, la participación de los pueblos indígenas y una reforma fiscal y tributaria; así como la creación de una entidad nacional responsable de impulsar y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe “Guatemala, Memoria del Silencio”.

Celebramos el Día de la Dignidad de las Víctimas del conflicto armado interno con avances importantes en el conocimiento de la verdad y aplicación de la justicia. Después de la histórica sentencia emitida en mayo de 2013 en el juicio por genocidio cometido contra el Pueblo Ixil, el año 2016 ha comenzado con sucesos significativos para la historia de Guatemala.

El seis de enero fueron capturados antiguos altos oficiales del Ejército de Guatemala, sindicados de ser responsables de delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada, en el caso conocido como “CREOMPAZ” (anteriormente conocida como Zona Militar 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz), hechos por los cuales 11 ex militares están ligados a proceso, sindicados de ser los responsables de la muerte de al menos 538 personas del pueblo Q’eqchi’ en dicho departamento. Otros cuatro antiguos oficiales quedaron ligados a proceso por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, ocurrido a principios de la década de los años 80.

El día 1º. de febrero, inició la audiencia de etapa conclusiva del juicio conocido como Sepur Zarco, por la denominación del destacamento militar ubicado en la aldea del mismo nombre, en el municipio de

El Estor, Izabal. Este caso, sucedido en 1982, por el cual están sindicados un ex teniente coronel y un ex comisionado militar, es ejemplo vivo de la esclavitud y violencia sexual, practicadas por miembros del Ejército de Guatemala.

Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que el presidente de la República Jimmy Morales, no ha asumido clara y públicamente un solo compromiso con los Acuerdos de Paz en general y las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

URNG, en el marco de las recomendaciones del Informe “Guatemala, Memoria del Silencio”, reafirma y manifiesta:

  • Su profundo respeto y homenaje a todas las víctimas del enfrentamiento interno y a sus ideales de lucha por la justicia, y su apoyo a la lucha por la dignificación de todas aquellas personas que ofrendaron su vida por una Guatemala mejor.
  • Su pleno compromiso con la lucha por erradicar la impunidad enquistada en los organismos y dependencias del Estado, que persiste y se expresa en la criminalización y judicialización de la lucha indígena y campesina y en la negación de sus demandas, sus derechos a la libre expresión, a la consulta previa, libre e informada y al respeto de su identidad y decisión sobre su propio desarrollo.
  • Su convicción que el fortalecimiento del sistema de justicia y otras reformas del Estado pasa por retomar los Acuerdos de Paz, particularmente en los aspectos establecidos en el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Como está demostrándose en el debate nacional actual, la agenda de los Acuerdos de Paz, está vigente, es necesaria y es urgente.
  • Su firme convencimiento que, de conformidad con los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad no prescriben y deben ser esclarecidos, independientemente de la institución o entidad a la que se le atribuya la responsabilidad de su comisión. URNG reitera su compromiso de contribuir en la recuperación de la memoria histórica y el fortalecimiento de la justicia de Guatemala, convencida que los errores y excesos ocurridos desde las filas guerrilleras nunca serán equiparables a la política de contrainsurgencia del Estado cuyos hechos están saliendo a luz pública y en los tribunales.
  • Su llamado a todo el pueblo de Guatemala a la construcción de una cultura de diálogo, convivencia, respeto mutuo, conciliación y tolerancia, sobre bases sólidas de la recuperación de la memoria histórica, el conocimiento pleno y objetivo de la verdad, la justicia pronta y cumplida y las reformas estructurales, que serán la garantía que los hechos de violación de los derechos humanos y de lesa humanidad no vuelvan a repetirse nunca más.
  • Finalmente, URNG expresa su solidaridad con las víctimas, familiares y sobrevivientes del conflicto armado interno, especialmente con las mujeres sobrevivientes del caso Sepur Zarco, quienes demandan justicia, dignidad y recuperación de la verdad; a los presos y perseguidos políticos por la defensa de la naturaleza y derechos de sus comunidades; y al Comité de Unidad Campesina –CUC- y su dirigente principal Daniel Pascual, víctimas de un sistema de justicia en el que aún impera la impunidad, la criminalización y judicialización de las legítimas luchas sociales, indígenas y campesinas.

GENOCIDIO, TIERRA ARRASADA, DESPARICION FORZADA, ESCLAVITUD Y VIOLACION SEXUAL ¡NUNCA MÁS!

DÍA NACIONAL DE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

AÑO DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

 

Guatemala, 25 de febrero de 2016.

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