Implementación y crisis del modelo, más represión y dolor para el pueblo

Ponenencia de URNG-MAIZ en el  XIX SEMINARIO INTERNACIONAL LOS PARTIDOS Y UNA NUEVA SOCIEDAD, México 12, 13 y 14 de marzo de 2015. “La implementación y crisis del modelo político, económico y social en Guatemala implica más represión y dolor para el pueblo”. *

La implementación de los nuevos ejes de acumulación capitalista en Guatemala se ha desarrollado al menos en tres etapas históricas. En una primera etapa, se procedió a la privatización de los recursos y bienes del Estado en las áreas de energía eléctrica, telecomunicaciones, puertos y carreteras. Este proceso fue realizado por el gobierno de Alvaro Arzú en el periodo 1966-2000, en clara contradicción con los contenidos de políticas públicas y sociales establecidas en los Acuerdos de Paz de 1996, los cuales por estas razones nunca fueron cumplidos en su totalidad.

Posteriormente en el periodo 2000-2012 se organiza una segunda etapa en la cual el bloque dominante promovió la organización de una “sociedad civil” acorde a sus intereses ejecutando acciones orientadas hacia la destrucción del sindicalismo y la cooptación de líderes y organizaciones de los pueblos indígenas, sociales y políticas. Los gobiernos de turno además de socavar los derechos de los trabajadores, iniciaron la represión contra todos los opositores a la aplicación de las políticas neoliberales.

Sin embargo, la implementación de los nuevos ejes de acumulación del nuevo modelo económico requirió de una tercera etapa que se inicia con la instalación, a partir de enero del 2012, de un grupo oligárquico militar el cual es encabezado por el presidente, general retirado Otto Fernando Pérez Molina e integrado por militares en situación de retiro y en alta, junto con sectores de la burguesía guatemalteca que asumieron la misión de acelerar dicha implementación.

Ciertamente, la decisión anterior fue acordada por sus patrocinadores debido a las demoras que el proceso de implementación del modelo había sufrido y que a su juicio eran inadmisibles y en particular, por la falta de aprovechamiento de los nuevos mercados abiertos a partir de la aprobación en 2005, del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA por sus iníciales en inglés) y en previsión del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que habiendo sido aprobado con anterioridad, entró en vigencia para Guatemala a partir de diciembre del 2013.

En vista de que los ejes de acumulación capitalista del nuevo modelo económico se concentran en las áreas del desarrollo de nuevas empresas agroindustriales; la producción y distribución de la energía eléctrica; las telecomunicaciones y transporte; la extracción de minerales metálicos, no metálicos, piedras ornamentales y de construcción; la ampliación de mercados industriales y la participación en la construcción de mega proyectos (puertos, aeropuertos, carreteras, etc.), la puesta en marcha de los mismos inmediatamente entraron en contradicción con las demandas históricas por la tierra, la defensa del territorio y la seguridad alimentaria de la población y en especial en los pueblos indígenas.

Es así como las organizaciones populares y sociales; sindicales y campesinas; comunitarias; las organizaciones propias de los pueblos indígenas y los partidos de izquierda en general y la URNG en particular, han manifestado permanentemente su rechazo a las políticas del modelo neoliberal y de la ampliación del modelo de explotación capitalista en nuestro país, fundamentado dichas protestas en el contenido jurídico que ofrece la propia legislación nacional, así como los tratados y convenios internaciones suscritos por el Estado guatemalteco como lo es el Convenio No. 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Este rechazo político y popular se ha expresado de diferentes maneras: elaboración de comunicados y documentos políticos y técnicos; la realización de manifestaciones públicas; la paralización de carreteras; el enfrentamiento a los abusos y vejámenes de las fuerzas de seguridad y el desarrollo de acciones de resistencia pacífica tales como impedir el ingreso de maquinarias a los proyectos y la negativa al pago de las exageradas tarifas de energía eléctrica impuestas a los hogares de campesinos e indígenas pobres, arrendatarios y sin tierra las cuales contienen además, arbitrios e impuestos excesivos que cobran empresas privadas de distribución de la energía eléctrica por el alumbrado público la mayor parte de las veces inexistente.

Sin embargo, la respuesta a las expresiones populares de rechazo ha sido por parte del actual Gobierno, el incremento de la violencia y la represión, las cuales han sido denunciadas sistemáticamente ante la opinión pública nacional e internacional por URNG.

Los índices de violencia expresados a partir de la cuantificación del número de personas asesinadas, de las mujeres asesinadas y otros hechos delincuenciales como las masacres, extorsión y la desaparición forzada se han incrementado en los últimos 3 años y continúan imparables. Desde la firma de la paz, han sido asesinadas más de 90,000 personas para un promedio superior a 5,000 personas anuales y más de 14 personas diarias. Esta cifra es superior en un 100% al número de todas las víctimas directas registradas producto de la represión gubernamental durante la guerra interna.

El Gobierno de los últimos 3 años ha organizado bajo el manto de las políticas de mano dura, fuerzas de tareas conjuntas entre la Policía y el Ejército, ineficaces para los objetivos de control del crimen organizado y la narcoactividad, pero efectivos para el control social, cuestión que explica el incremento del número de destacamentos y bases militares en territorios de los pueblos indígenas, en donde la población y las organizaciones comunitarias reclaman derechos y exigen participación en la toma de decisiones con relación a sus territorios.

De esta manera se explica cómo las autoridades gubernamentales han diseñado una política de represión de nuevo tipo que se inicia con la criminalización de los/as dirigentes sociales, indígenas y políticos. Utilizando la doctrina de la seguridad internacional imperante, también se les hace equivalente a terroristas, enemigos de la sociedad y posteriormente, se ejecutan procesos de judicialización denunciando, juzgando y metiendo a la cárcel a los líderes sociales.

Asimismo, se ha incrementado el número de asesinatos de dirigentes políticos y sociales; de órdenes de captura contra dirigentes y operadores de derechos humanos y recientemente, acciones tendientes a hacer prevalecer un ambiente de terror y persecución en las comunidades. En esta dirección, hemos denunciado la realización de operaciones encubiertas especiales “antiterroristas”, así identificadas en coherencia con la clasificación utilizada por agencias internacionales de inteligencia y que se corresponden a acciones propias de las actuales guerras de cuarta y quinta generación emprendidas por los países centrales del capitalismo en todo el mundo.

La implementación de las políticas neoliberales, de las políticas propias de la implementación de los nuevos ejes de acumulación capitalista y de violencia y represión contra los pueblos, vinculadas por su propia naturaleza, son realizadas por este Gobierno con el concurso de diferentes aliados.

El Gobierno establece alianzas público-privadas en materia de seguridad con un número cada vez más importante de empresas de seguridad privadas para garantizar inversiones, la represión de la población disconforme y la cooptación y captura de todos los espacios públicos.

La implementación de las nuevas modalidades en el modelo económico requiere además del desarrollo de nuevas estrategias en todos los campos. La implementación del modelo neoliberal en la sociedad ha traído como consecuencia la profundización de la desigualdad, la disminución del porcentaje de las clases medias, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la aplicación de salarios más bajos que los salarios mínimos establecidos por la ley que es violada sistemáticamente al proponerse salarios por competitividad. De esta manera, no es de extrañarse el aparecimiento cíclico de epidemias de desnutrición aguda en la infancia, el crecimiento en el número de pobres y personas extremadamente pobres, alta vulnerabilidad ambiental y la renuencia de las oligarquías a pagar impuestos directos al Estado, cuestión que se evidencia en un porcentaje menor al 11 % de la carga tributaria.

Además de la puesta en disposición las fuerzas de seguridad pública para el aseguramiento de las políticas dominantes, se ha consolidado la captura del Estado, la cual es realizada por medio de la participación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que fuera motivo de la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ratificada por el Congreso de la República en Agosto de 2007.

Estos cuerpos que tienen su origen en los aparatos militares y paramilitares contrainsurgentes de la época de la guerra interna, establecen relaciones con funcionarios del Estado, el narcotráfico, elementos de las fuerzas de seguridad corruptas, el crimen organizado, las maras y la delincuencia común logrando de esta manera paralizar al Estado, generar climas de inseguridad a su conveniencia; asesinar dirigentes políticos y sociales, dirigentes indígenas, dirigentes comunitarios, sujetos procesales y operadores de la justicia y cooptar a diputados/as del Congreso de la República para aprobar leyes que los beneficien; magistrados/as de los órganos de la administración de la justicia, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, en su afán de garantizar la impunidad posterior a la ejecución de estas acciones.

También los CIACS se insertan en los partidos políticos que defienden la naturaleza del sistema actual financiando millonarias campañas electorales que posteriormente deben ser solventadas por medio de la adjudicación de contratos del Estado, concesiones a empresas privadas nacionales e internacionales así como con la contratación de personal en todos los niveles. De esta forma, es asegurado y se cierra el círculo que comenzando con la violencia y la represión, se continúa con la corrupción y se cierra precisamente con la impunidad.

El juicio, condena y posterior anulación de la sentencia del ex gobernante de facto, Efraín Ríos Montt en el año 2013, puso al descubierto la rearticulación de intereses, privilegios y garantías de los enemigos del pueblo; la repartición del botín y confabulación en inversiones como socios menores de transnacionales; la utilización de los grupos militares para garantizar el orden mediante la represión de las luchas sociales; la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica como pantalla para el mantenimiento de la desigualdad y pobreza y la agudización de la lucha de clases producto de las condiciones objetivas y el papel de las campañas ideológicas que renuevan métodos de guerra psicológica utilizados en los regímenes militares.

En resumen, la implementación del nuevo modelo económico ha colocado al país en una situación de crisis y en particular de crisis institucional. La ejecución de las políticas propias del modelo económico y las respuestas del Gobierno y sus aliados han incrementado la violencia, represión y corrupción. La necesidad de garantizar la impunidad ha hecho modificar a su antojo las propias normas de la institucionalidad del sistema que el bloque dominante ha creado para su beneficio. Esta situación aún es perceptible por parte de los propios agentes del sistema que no dejan incesantemente en denunciar estos atropellos.

URNG considera que en medio de estas circunstancias, es extremadamente difícil la participación política y electoral de las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda y revolucionarias en nuestro país. El papel de denuncia sistemática a los procesos de criminalización, judicialización, terror, captura, secuestro, desapariciones físicas y asesinatos de dirigentes sociales y políticos, incrementa el riesgo del desarrollo de nuestro partido y necesariamente obliga a continuar profundizando la estrategia de construcción del poder popular.

La anterior aseveración es especialmente innegable cuando frente a campañas electorales multimillonarias que emprenden los partidos políticos de derecha, las cuales superan los límites establecidos por el Tribunal Supremo Electoral, la participación de los partidos de izquierda es extremadamente difícil. Aun así, en un contexto en que los pueblos que integramos nuestro país han tomado conciencia de su responsabilidad política, nuestro partido ha conformando un bloque con el Movimiento Político WINAQ, para promover la participación de ciudadanos y ciudadanas honestas, los pueblos indígenas, transparentes y representativos de los intereses de los pueblos planteando como objetivo fundamental, posicionar a nuestros/as candidatos/as, ganar espacios políticos y continuar compartiendo los elementos fundamentales de nuestro programa político orientado hacia la transformación del país, la reforma del Estado, el respeto de los derechos humanos, la identidad y derechos de los pueblos indígenas, la construcción de servicios públicos de calidad, la reforma fiscal y la cooperación con todos los pueblos del mundo.

En el ámbito particular de la realización del XIX Seminario Internacional del Partido del Trabajo, desarrollado en la Ciudad de México los días 12, 13 y 14 de marzo del presente año, URNG, desea manifestar su preocupación por los continuados intentos desarrollados por el gobierno de los Estados Unidos por incrementar su hegemonía mundial, a partir del impulso de alianzas estratégicas y tratados de libre comercio, tales como la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico, la imposición de sanciones a Rusia y Venezuela, y el fortalecimiento de la coordinación y cooperación con gobiernos conservadores de países miembros de la Unión Europea.

En ese contexto, la voluntad expresada por los presidentes de EEUU y de Cuba, el pasado 17 de diciembre de 2014, de iniciar negociaciones a fin de restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países, si bien son merecedoras de nuestro apoyo, también deben ser analizadas bajo la óptica de un recrudecimiento de la política guerrerista, injerencista y agresiva del gobierno de Barack Obama contra Venezuela, hecho que merece nuestro total repudio y condena.

Por su parte, la llamada “Alianza para la Prosperidad”, propuesta por EE.UU, para “beneficio” de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pretende generar las condiciones para ser un brazo prolongado del “Plan Colombia”, en función de consolidar el poder político, económico y comercial estadounidense en nuestra región. El condicionamiento reciente del vicepresidente Joe Biden, de que el Gobierno de Guatemala prolongue el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a cambio de que el Congreso autorice millones de dólares en cooperación para el desarrollo, es una maniobra audaz, pero no menos intervencionista. Como revolucionarios y revolucionarias de Guatemala, reafirmamos nuestra convicción de profundizar esfuerzos en la lucha contra la impunidad, lo cual pasa por la prórroga del mandato de la CICIG, pero rechazamos la política injerencista del gobierno estadounidense al tratar de vincular ambos aspectos.

En el marco de la realización de este XIX Seminario Internacional del Partido del Trabajo deseamos también enfatizar nuestra solidaridad con los gobiernos y proyectos alternativos de nación que en una segunda época se están desarrollando de forma victoriosa en nuestro continente. Expresamos nuestro apoyo combativo a la Revolución Bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez y de Nicolás Maduro; los triunfos alcanzados por el MAS-IPSP y Evo Morales en Bolivia, así como nos congratulamos con los éxitos alcanzados por los diferentes proyectos liderados por las fuerzas de izquierda en Nuestra América y en particular con la CELAC, el ALBA, Petrocaribe y los mecanismos de integración y financiamiento de América del Sur y ratificamos nuestro compromiso en continuar luchando contra el modelo neoliberal impuesto en nuestro país como parte de nuestra contribución al triunfo definitivo de las fuerzas populares en América Latina y El Caribe.

Permítasenos además, en nombre de nuestro partido URNG, saludar al Partido del Trabajo de México, organización sede de este XIX Seminario Internacional, a su presidente el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, así como ratificar por su medio, nuestra solidaridad al hermano pueblo mexicano por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, cuyo secuestro forzado por fuerzas similares a las que hoy atentan contra la vida y los derechos humanos en nuestro país, nos acongoja, nos llena de tristeza, así como de valentía para seguir en el camino de la construcción de nuevas sociedades con justicia social que los pueblos de nuestros países reclaman.

¡VIVA EL XIX SEMINARIO INTERNACIONAL LOS PARTIDOS Y UNA NUEVA SOCIEDAD!

¡VIVAN LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA!

¡VIVA EL PARTIDO DEL TRABAJO!

 

*Ángel Sánchez, Secretario General URNG

Juan Ramón Ruiz, Secretario de Relaciones Internacionales y

Carlos Guárquez, Secretario de Asuntos Municipales.

 

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