No a la política y reglamento de organismos vivos modificados

La lucha por la defensa de nuestras semillas nativas no terminó con la derogación del decreto 19-2014, ley para la protección de obtenciones vegetales o conocida popularmente como “ley Monsanto”. Las campesinas y campesinos debemos mantener firme nuestra lucha, ya que el actual gobierno insiste en negociar con nuestras semillas nativas y el resto de nuestra biodiversidad.

Persiguiendo su objetivo, el Organismo Ejecutivo aprobó el Acuerdo 207-2014 que dio vida a la Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados, PNBOVM, 2013-2023, oficializándola a través del Diario de Centro América, el 19 de agosto de 2014.

En sus objetivos específicos, la PNBOVM menciona que se creará el sistema nacional de seguridad en el uso de los organismos vivos modificados así como establecer directrices que definan el marco regulatorio para su desarrollo, uso, manejo, transporte, liberación al ambiente y movimiento transfronterizo. También se persigue estimular la investigación en el ámbito nacional de organismos vivos modificados o organismos genéticamente modificados (transgénicos), resultantes de la biotecnología moderna.

En el marco y dimensión de la política se menciona que ésta propone la identificación y promoción de sinergias con centros de investigación y con el sector privado para el desarrollo de la biotecnología y la bioseguridad en Guatemala.

Así las cosas, el sector privado nacional e internacional relacionado con los organismos genéticamente modificados o transgénicos es el que obtiene mayores beneficios con la PNBOVN. Mientras tanto la población guatemalteca es limitada a “emitir opiniones al respecto”.

Se dice que en la “co-formulación” de dicha política participaron 20 instituciones representantes del sector privado, académico y de sociedad civil. Y aunque se resalta que “el uso de organismos vivos modificados está relacionado con la producción agrícola, la seguridad alimentaria, la diversidad biológica, el medio ambiente y la economía”, la población indígena y campesina del área rural del país desconoce el contenido de dicho documento.

La Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados aprobada por el presidente Pérez Molina, responde a los compromisos asumidos en el Protocolo de Cartagena, llevado a cabo en esa ciudad colombiana en febrero de 1999 como parte del convenio sobre la Diversidad Biológica.

Se considera pues, que este es el primer paso, para que de aquí en adelante, el gobierno de turno intente aprobar reglamentos y leyes, no solo para la implementación de esta política, sino para ratificar el Protocolo de Cartagena y dar cumplimiento a lo que se ordena, en materia de organismos vivos modificados y comercialización de la biodiversidad, en diversos tratados de libre comercio. Por JGC-Voces de Iximulew

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