URNG: Es necesario rescatar la autonomía y refundar el sistema de justicia

Ante la más reciente y cuestionada elección de Magistrados de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, y la decisión de la Corte de Constitucionalidad, del 9 de octubre de 2014, que suspende provisionalmente lo actuado en la materia por el Congreso de la República, incluyendo la toma de posesión de dichos Magistrados y considerando además la renuncia y subsecuentes declaraciones de la Magistrada, Vocal Primera de la Sala Quinta de Apelaciones, Dra. Claudia Escobar, el partido URNG manifiesta:

 

  1. El sistema de justicia de Guatemala ha estado cooptado por los grupos económicos y políticos de poder, que se han servido del mismo para institucionalizar un manto de impunidad bajo el cual han podido saquear sistemática y masivamente los recursos del Estado y cometer todo tipo de delitos en perjuicio de la mayoría de la población.
  2. Los recientes acontecimientos constituyen la expresión de la pugna política entre grupos de poder que se disputan el control de los mecanismos de elección y de las mismas instituciones, a través de la cooptación y mala utilización de un sistema de elección de magistrados de cortes, establecido en la Constitución Política de la República, que ha demostrado que no garantiza la elección de los funcionarios más idóneos para impartir justicia pronta, cumplida e imparcial.
  3. La Ley de Comisiones de Postulación, promulgada en 2009, que pretendió desarrollar los artículos constitucionales que contienen el modelo de elección de magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones no logró su cometido, pero evidenció –en la práctica- el retorcimiento de la ley y de los principios constitucionales por parte de los sectores tradicionales de poder, manteniendo los espacios de disputa del poder en función del control y cooptación de las instituciones encargadas de impartir justicia.
  4. La renuncia de la Dra. Claudia Escobar y su posterior denuncia de presiones por parte de un diputado del Congreso de la República ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-; el descubrimiento por parte de CICIG de una tranza con comisiones millonarias de por medio para incidir en una resolución de una Sala de Apelaciones y los señalamientos de presiones de emisarios de la Vicepresidencia de la República por parte de un juez, no son hechos aislados, sino representan situaciones visibles de prácticas espurias y condenables, que prueban las aseveraciones anteriores y que se suscitan con una alta frecuencia en el sistema de justicia.

 

En virtud de lo anterior, URNG, ante la opinión pública nacional e internacional, exige y propone:

  • Retomar las reformas constitucionales en materia de justicia, planteadas en los Acuerdos de Paz particularmente sobre la Carrera Judicial estableciendo un sistema de nombramiento y ascenso de jueces con base en concursos públicos, que garanticen la excelencia profesional y un régimen disciplinario con garantías, procedimientos, instancias y sanciones preestablecidas, así como el principio de que un juez o magistrado no puede ser investigado y sancionado sino sólo por quien tiene funciones jurisdiccionales.
  • Disolver, desde el nivel constitucional, el modelo planteado por las Comisiones de Postulación, sustituyéndolo por una verdadera Carrera Judicial, que no se trunque y politice a la mitad de la misma, y que garantice que las mejores personas, con probidad y experiencia en materia de impartición de justicia, sean quienes lleguen a ocupar las más altas posiciones en las magistraturas, tanto de las Cortes de Apelaciones, como en la Corte Suprema de Justicia. Para ello, es indispensable contar con un Consejo de la Judicatura, cuyo mandato incluya el análisis y filtro de los expedientes desde el punto de vista de excelencia profesional y no de favores políticos.
  • Ampliar el período de funciones de los Magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia a por lo menos diez años, debiéndose evaluar la pertinencia de que éstos últimos puedan desempeñar el cargo en forma vitalicia. En ese sentido, debe eliminarse la elección anual de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ampliando su período de funciones a por lo menos cinco años, pues la práctica actual de elecciones anuales sólo contribuye a alimentar aún más las pugnas entre los sectores de poder referidas anteriormente.
  • Elaborar la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia o de una entidad encargada expresamente de los asuntos administrativos inherentes a la justicia en consonancia con el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, de 2009, de tal manera que este ámbito quede separado claramente de las funciones jurisdiccionales y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya no estén supeditados a distractores o presiones de todo tipo durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
  • Conformar un movimiento ciudadano, en el campo y en la ciudad, que exija la transformación radical y la refundación del sistema de justicia en nuestro país.
  • Exigir justicia pronta y cumplida para el pueblo y el fin inmediato de la impunidad que sólo beneficia a los grupos tradicionales que tienen sumido a nuestro país en el subdesarrollo, la debilidad institucional y la ingobernabilidad

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAl

 12 de octubre de 2014,

Día de la Resistencia Negra, Indígena y Popular

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