CorteIDH sentencia a Guatemala por no investigar la muerte de Florentín Gudiel

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó  el martes 28 de octubre en San José  que encontró culpable al Estado guatemalteco por la falta de investigación en la muerte del defensor de derechos humanos Florentín Gudiel Ramos, y por la escasa protección que prestó a su hija, Makrina Gudiel, también activista.

La sentencia, notificada hoy a las partes, afirma que el caso se enmarcó en un contexto de “vulnerabilidad” para los defensores de derechos humanos en Guatemala y se refiere a la muerte de uno de ellos ocurrida el 20 de diciembre de 2004 y las amenazas sufridas por su hija, así como por sus familiares.

La sentencia no especifica los nombres de las víctimas para proteger sus identidades, aunque ya habían trascendido porque una sesión del juicio celebrada en San José el 5 de febrero pasado fue pública y la cubrieron los medios de comunicación.

La CorteIDH condenó la “falta de investigación” de los hechos y el desplazamiento forzado de algunos de los integrantes de la familia, dentro de los cuales se encontraban tres menores de edad.

Los jueces determinaron que no contaban con elementos suficientes para declarar un incumplimiento por parte del Estado guatemalteco de su obligación de garantizar la vida y los derechos políticos del defensor de derechos humanos.

Sin embargo, concluyó que Guatemala sí era responsable internacionalmente por “incumplir con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y de circulación y residencia”.

La sentencia agrega que una vez que el Estado de Guatemala tuvo conocimiento de que la defensora de derechos humanos y su familia se encontraron en una situación de riesgo “no adoptó las medidas adecuadas y efectivas” para atender las circunstancias ni proteger a las personas expuestas.

Además, la CorteIDH determinó que el Estado de Guatemala incumplió con su obligación de “garantizar los derechos políticos” de la defensora de derechos humanos, ya que tampoco pudo continuar ejerciendo los cargos políticos que ostentaba en el momento de los hechos.

La CorteIDH ordenó al Estado guatemalteco a llevar a cabo las investigaciones y procesos penales correspondientes, con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de los hechos relacionados con la muerte del defensor de derechos humanos y las amenazas sufridas por sus familiares.

También estableció que debe pagar las cantidades fijadas por daño material e inmaterial, y reintegro de costas y gastos.

Además, manifestó que debe examinar las eventuales irregularidades procesales relacionadas con los hechos y, de ser necesario, sancionar la conducta de los servidores públicos correspondientes.

También deberá garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que los integrantes de la familia, que lo deseen, puedan retornar a sus lugares de residencia y dar tratamiento psicológico gratuito a las víctimas.

La sentencia dicta que el Estado de Guatemala debe implementar políticas públicas de carácter legislativo, institucional y judicial para la protección de los defensores de derechos humanos en ese país centroamericano.

La Corte Interamericana indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado guatemalteco haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Florentín Gudiel fue miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) y líder comunitario, se destacó por su lucha por la defensa de los derechos humanos y acciones en pro del desarrollo de su comunidad, lo que le permitió recibir un galardón en 2002 como héroe anónimo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

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