URNG rechaza Estado de Prevención impuesto en Pajoques

El Estado de Guatemala sigue demostrando su incapacidad para resolver la problemática y su respaldo a las empresas que provocan caos y saqueo en las comunidades; lo sucedido en la aldea Pajoques, San Juan Sacatepéquez, es muestra del desafortunado trabajo realizado por las entidades gubernamentales y en particular las de seguridad.

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), rechaza con firmeza el Estado de Prevención en esa comunidad sanjuanera, impuesta con el pretexto de que así se logrará el retorno de la paz a Pajoques, donde se vivieron confusos incidentes desde el pasado 19 de septiembre.

El Estado de Prevención, restringe el ejercicio de cinco derechos constitucionales y es una muestra más de la criminalización y deslegitimación que hace el Gobierno hacia la protesta social.

Cerca de dos mil efectivos policiales y del Ejército pretenden controlar a la población infundiendo miedo y terror, mientras que otras fuerzas policiales se dedican a proteger los bienes y las instalaciones de la cementera, la cual busca operar y construir un anillo periférico para movilizar sus productos, aun contra la oposición popular.

Por si fuera poco, luego de 11 muertes, una veintena de heridos y la imposicion del Estado de Prevención, el Gobierno ha girado órdenes de captura en contra de comunitarios de San Juan Sacatepéquez, las cuales encuentran eco y justificación en sus medios de comunicación afines, siendo el único delito de la comunidad, defender su territorio.

Por otro lado, no hay ninguna orden de captura contra los agentes privados de la empresa mencionada, que infunden terror.

Mientras tanto, en Nueva York, la Organización de Naciones Unidas realiza la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, en la cual se resolvió promover la protección de los derechos de los pueblos originarios.

En la resolución se exige al Estado de Guatemala dar cumplimiento pronto y efectivo a la recomendación emanada en favor de los pueblos indígenas.

Las expresiones de descontento y rechazo de las comunidades sanjuaneras debe interpretarse como el legítimo derecho sobre el territorio de los pueblos originarios y en consecuencia actuarse conforme a lo señalado por el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y la Resolución No. 69 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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