Represión e impunidad es el resultado de la ingobernabilidad

La muerte de 11 personas, resultado de la confrontación que provocan proyectos rechazados por el pueblo, entre ellos la construcción de una cementera y una carretera, además de la declaratoria de un Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, marcan la situación de represión e impunidad que se vive en Guatemala.

A los hechos se suma el asesinato del dirigente comunitario e integrante de URNG, Juan Almira, registrado en Santa Lucía Cotzumalguapa el pasado 10 de septiembre, así como el alevoso crimen contra tres opositores a la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita en Raxruhá, Alta Verapaz, el 14 de agosto.

Así lo denunció Ángel Sánchez Viesca, secretario general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), durante un análisis de coyuntura presentado ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido el pasado 21 de septiembre.

“Lamentamos la pérdida de vidas en los hechos confusos que se registraron desde el pasado 19 de septiembre en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, donde la confrontación tiene sus orígenes en la oposición de la mayoría a la construcción de una planta de Cementos Progreso”, destacó el máximo dirigente de URNG.

La población se opone a la depredación de los recursos naturales en su territorio, así como la construcción de una carretera regional, la cual se proyecta con el fin de favorecer a la cementera para movilizar sus productos, puntualizó Sánchez.

Lejos de propiciar el diálogo, el Gobierno reprime a los adversarios de los proyectos, mientras que Cementos Progreso –según denuncias públicas—se dedica a propiciar la confrontación de manera abierta y sutil, con fachadas caritativas y actos para promover su imagen y los supuestos beneficios para la comunidad.

Ante los delegados del CEN, Sánchez analizó el asesinato de Juan Almira, fundador de la URNG en Escuintla, el cual forma parte de una campaña de crímenes contra dirigentes de izquierda que se registra desde 2004 en la zona y que se inició con el cobarde crimen del líder comunitario, Florentin Gudiel Álvarez.

Almira, Gudiel y otros cinco militantes de URNG, habían denunciado el régimen de inseguridad que se vive en la Costa Sur y la depredación que de los recursos naturales e hídricos hacen empresas agroexportadoras con amparo de los tres últimos gobiernos, que han impuesto decisiones privadas por medio de la fuerza policial.

Durante su exposición, Sánchez Viesca denunció que en este marco de zozobra e ingobernabilidad, los pasados 14 y 15 de agosto el Gobierno sembró el terror y muerte en la comunidades q´eqchíes en los municipios de Cobán, Raxhuxá y Chisec del departamento de Alta Verapaz, situados en el noreste de Guatemala.

Recordó que 1,500 policías desalojaron a las comunidades 9 de Febrero y Monte Olivo, municipio de Cobán, por oponerse a la construcción de

la Hidroeléctrica Santa Rita, la cual es adversada no solo por ellos, sino por la mayoría de pueblos que resultan afectados por este proyecto, impulsado sin la consulta y aprobación popular.

Agregó que después de capturar a los líderes comunitarios de la aldea Semococh, municipio de Raxruhá, los policías terminaron con el asesinato alevoso de tres de los campesinos que se negaban a entregar a líderes de la resistencia popular contra las altas tarifas de energía eléctrica.

El resultado de esta acción represiva del gobierno de Pérez y Baldetti, fue de 20 personas heridas, entre las cuales habían mujeres y niñas y niños, y otras tantas que finalmente fueron capturadas y ligadas a proceso y cuya liberación definitiva exige la URNG.

Esta ola de represión, denunció Ángel Sánchez, está ligada a la actitud del gobierno que aun mantiene vínculos con fuerzas genocidas, y las cuales han organizado grupos paramilitares para imponer proyectos que solo buscan ganancias personales, sin beneficiar a las comunidades pobres.

 

 

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