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AVANZAR CON JUSTICIA HACIA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
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La sentencia condenatoria por el delito de genocidio y por delitos contra los deberes de humanidad en contra uno de los dos acusados, dictada por el tribunal a cargo, después de más de 12 años de haberse abierto el caso, constituye un hecho histórico de trascendental importancia política, social y jurídica para Guatemala.
Con el desarrollo de este juicio, el país ha presenciado declaraciones de testigos, víctimas y de expertos que fueron la base que permitió evidenciar la inobservancia del derecho internacional humanitario y la intención de destruir a un grupo étnico que, a partir de ser considerado enemigo interno, fue víctima de genocidio, aplicación de la política de tierra arrasada, masacres, asesinatos y ejecución de líderes y dirigentes comunitarios y de ancianos, mujeres y niños; formas cruentas de violencia; violación sexual de mujeres de forma individual y masiva, así como desaparición, esclavitud y envío de niñas y niños a las “aldeas modelo”.
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 El pasado domingo 5 de mayo, Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela anunció el ingreso de Guatemala a PETROCARIBE, el cual es un programa de cooperación energética que permitirá a Guatemala obtener petróleo en condiciones ventajosas para su economía, pudiéndose además pagar hasta la mitad de la factura petrolera a un plazo de 25 años y con un interés de alrededor de 1%.
El gobierno de Colom desde el año 2008, no tuvo la voluntad política ni la capacidad de enviar al Congreso de la República el instrumento de adhesión para su ratificación respectiva y en esta ocasión, el Gobierno de Otto Pérez Molina, en medio de constantes escándalos de corrupción, de aumento de índices delincuenciales, de negación del esclarecimiento histórico y obstrucción de la justicia, de crisis económica y de represión generalizada contra la población, que alcanza su punto culminante con un Estado de Sitio en cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa, se aferra al ingreso a PETROCARIBE como un ancla que pueda servirle como paliativo o distractor para tener un respiro y aliviar un tanto la situación económica, a partir de la disminución de los precios de los combustibles. |
EL GOBIERNO DE GUATEMALA VIOLA LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONTENIDAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA - EL INTERÉS SOCIAL DEBE PREVALECER SOBRE EL INTERÉS PARTICULAR
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 El partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG-MAIZ, con profunda preocupación, expresa su enérgica condena y repudio por la escalada de violencia represiva contra activistas y dirigentes sociales, que se ha registrado en las últimas semanas en nuestro país.
La Constitución Política de la República, en su Capítulo I, “Derechos Individuales”, Artículos del 3 al 46, garantiza el derecho a la vida, a la libertad e igualdad, libertad de acción, garantía de que no haya detenciones ilegales, derechos de los detenidos, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la inviolabilidad de la vivienda y la libertad de locomoción, entre otros. El Artículo 44 establece claramente que “El interés social prevalece sobre el interés particular” y que “serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”.
Contrario a lo anterior, el actual Gobierno de Guatemala, antepone la defensa de los intereses particulares de las empresas transnacionales por encima de los intereses individuales y colectivos de la población de nuestro país, que día a día ve mancillados y violados sus derechos y libertades garantizadas por la Constitución Política de la República. Recientemente, el Ministro de Gobernación llegó al punto de declarar públicamente que con el objeto de cumplir con las garantías que el Presidente de la República había ofrecido al empresariado transnacional, el Consejo Nacional de Seguridad había acordado que el cumplimiento de esos compromisos y la imposición de las garantías ofrecidas debían verse como una prioridad de la seguridad del Estado.
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LA JUSTICIA ES EL VERDADERO CAMINO A LA PAZ:
NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY
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 En estos momentos, el país se encuentra inmerso en un debate producto del exacerbamiento de los intereses de grupos económicos y de militares que detentan el poder y una situación política e institucional generada por la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz y de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) emitidas en 1999.
El actual gobierno se sustenta e implementa un modelo autoritario que genera violencia y corrupción, amparándose en la impunidad como garantía de la represión tal como hemos observado tanto en el juicio que se sigue a militares por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, así como en las acciones violentas en contra de la población y los líderes sociales.
En el comunicado “Impunidad y rearticulación de los actores en contra del pueblo, en el juicio por genocidio”, emitido el 19 de abril, URNG lamentó el rechazo e incumplimiento de las recomendaciones de la CEH por parte del gobierno de Álvaro Arzú y de los gobiernos subsiguientes. Por su parte URNG, desde el primer momento aceptó las recomendaciones que hiciera la CEH y en fecha 12 de marzo de 1999 emitió un comunicado que señalaba: “con profundo dolor y humildad pedimos perdón a la memoria de las víctimas, a sus familiares y a sus comunidades que hayan sufrido daños irreparables, injusticias y ofensas a causa de excesos, equivocaciones o irresponsabilidades cometidas en el curso del enfrentamiento armado por cualquiera de sus miembros, personal o colectivamente, de lo que fueron las fuerzas de URNG o de sus organizaciones integrantes”.
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La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-, al Pueblo de Guatemala y a la Comunidad Internacional, expresa su condena y profunda preocupación por la escalada de violencia contra líderes, lideresas comunitarias y del movimiento social, operado en los últimos meses y llama al gobierno de la República, a garantizar la seguridad de los y las guatemaltecas, tal y como lo ofreció en su campaña electoral.
De acuerdo a la información disponible, la tarde de ayer, domingo 17 de marzo, hombres encapuchados fuertemente armados, actuando con total impunidad, secuestraron a cuatro integrantes de la Junta Comunal de Santa María Xalapán, cuando regresaban de una reunión realizada en la cabecera municipal de San Rafael Las Flores. Posterior al hecho, apareció con vida y con señales de violencia, Roberto Aguilar, mientras que el Secretario, Expectación Marcos Ucelo, apareció muerto el día de hoy, 18 de marzo, y el otro dirigente junto al Mayordomo de dicha Junta comunal y presidente del Parlamento Xinca, Roberto González, continúan desaparecidos. |
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